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El gobierno de Brasil anunció nuevas normas para combatir el crimen y clasificar a los grupos criminales, incluyendo las pandillas PCC y CV. Esto afecta las políticas de seguridad y el tratamiento legal del crimen organizado en Brasil, influyendo en las acciones de las fuerzas del orden y las libertades civiles. Críticos, entre ellos un fiscal y el exministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim, sostienen que etiquetar a estas pandillas como terroristas es ineficaz y rechazan cualquier justificación para una intervención militar.