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La junta militar de Burkina Faso disolvió más de 100 ONG y grupos de la sociedad civil en todo el país. Esta medida restringe aún más el espacio cívico y limita los esfuerzos para abordar los desafíos en derechos humanos y desarrollo en Burkina Faso. Amnistía Internacional condenó la acción como una intensificación de la represión de la junta contra la sociedad civil.