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Un tribunal nigeriano dictaminó que el Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP) debe pagar 100 millones de Naira en daños a dos funcionarios del Departamento de Servicios del Estado (DSS) por difamación. SERAP rechazó el fallo y anunció que apelará la decisión. Este caso refleja los conflictos legales continuos entre grupos de la sociedad civil nigeriana y las agencias de seguridad gubernamentales sobre la rendición de cuentas y la crítica pública.