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El Departamento de Servicios de Estado (DSS) de Nigeria abrió formalmente el 26 de mayo un caso contra el ex fiscal general Abubakar Malami y su hijo por cargos modificados de posesión de armas. Este desarrollo sigue a la decisión del gobierno de retirar los cargos iniciales por financiación del terrorismo, cambiando el enfoque legal y afectando el panorama político y de seguridad en Nigeria. El caso plantea dudas sobre las pruebas que respaldan los nuevos cargos y las posibles implicaciones políticas para Malami.