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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que autoriza a los tribunales a imponer penas de prisión perpetua. Este cambio amplía las sanciones legales disponibles para delitos graves, lo que podría afectar el sistema de justicia penal y la población penitenciaria del país. La reforma refleja el impulso del presidente Bukele por endurecer las políticas contra el crimen en medio de preocupaciones constantes sobre la seguridad pública.