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Activistas indonesios han intensificado sus esfuerzos para responsabilizar al presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, presentando una denuncia por genocidio en su contra. Esta acción legal apunta a las supuestas atrocidades contra la minoría rohinyá y podría influir en las prácticas de justicia internacional. El caso también pone a prueba la disposición de Indonesia para exigir rendición de cuentas en materia de derechos humanos más allá de sus fronteras y podría afectar las relaciones diplomáticas con Myanmar.