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El parlamento de Corea del Sur ha aprobado una ley que elimina los poderes investigativos de los fiscales, transfiriendo estas responsabilidades a una nueva agencia policial. Este cambio busca reducir la influencia de los fiscales en las investigaciones y aumentar la autoridad policial, afectando el sistema de justicia penal y el equilibrio en la aplicación de la ley del país.