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La Duma Estatal rusa ha aprobado una ley que exige a los promotores inmobiliarios incluir infraestructura social en sus proyectos. Esta norma busca garantizar que los nuevos desarrollos residenciales cuenten con instalaciones necesarias como escuelas, clínicas y centros comunitarios. El requisito podría afectar los costos y plazos de construcción, impactando a promotores, residentes y gobiernos locales.