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El gobierno del Reino Unido ha introducido las normas más estrictas en más de 25 años que obligan a las empresas a pagar las facturas a proveedores en un plazo de 60 días o enfrentarse a multas. Esta política busca mejorar el flujo de caja de los proveedores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, al reducir los pagos retrasados. La aplicación de estas reglas podría afectar las operaciones comerciales y la planificación financiera en diversos sectores del Reino Unido.