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El 10 de abril de 2026, la policía antidisturbios venezolana dispersó a manifestantes en Caracas que exigían aumentos salariales. Este malestar persistente refleja profundos desafíos económicos y una creciente insatisfacción pública con las políticas gubernamentales. La continuidad de las protestas genera preocupación sobre la estabilidad social en Venezuela y la capacidad del gobierno para gestionar las demandas económicas.