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El gobierno de Uganda ha presentado un proyecto de ley de soberanía que incluye penas de hasta 20 años de prisión y multas multimillonarias en chelines por delitos que afectan la soberanía nacional, incluyendo transferencias de fondos de la diáspora y derechos de ciudadanía. La ley podría restringir las libertades políticas y afectar a los ugandeses tanto dentro como fuera del país al endurecer el control sobre los flujos financieros y el estatus legal. Esta legislación podría impactar a activistas, figuras de la oposición y a la población en general preocupada por la gobernanza y los derechos civiles.