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El gobierno de Uganda ha defendido su proyecto de ley de soberanía en medio de acusaciones de que apunta a opositores políticos y limita las libertades de expresión y reunión. La ley podría restringir las protestas públicas y la expresión política, afectando las libertades civiles y los derechos democráticos en Uganda. Esta defensa se produce mientras grupos de derechos humanos advierten que la legislación podría usarse para reprimir la disidencia y debilitar las voces opositoras.